New Jersey AG directs police departments hand over "anonymized" data on carry applications
New Jersey AG directs police departments hand over "anonymized" data on carry applications
El artículo critica las exigentes normas de recopilación de datos de Nueva Jersey sobre los permisos de armas de fuego, considerándolas una continuación de restricciones inconstitucionales tras la decisión del Tribunal Supremo en el caso *Bruen*. En lugar de aceptar la nueva realidad jurídica, los funcionarios estatales utilizan directivas administrativas para recopilar información exhaustiva sobre los titulares de permisos, alegando que esto informará la formulación de políticas, pero en realidad para reforzar las barreras sistémicas al derecho a portar armas. Este enfoque refleja una tendencia más amplia entre varios estados de eludir el espíritu de la sentencia mediante la presión regulatoria y los obstáculos burocráticos, en lugar de prohibiciones legislativas directas. Esta estrategia es altamente relevante para el tema de los datos abiertos, ya que pone de manifiesto la tensión entre la transparencia gubernamental y la vigilancia de los ciudadanos que ejercen sus derechos. Al centralizar los datos de las solicitudes de permisos, el estado crea un repositorio integral que puede utilizarse para monitorear a las personas que cumplen la ley. La posibilidad de que estos datos sean presentados como evidencia de daño, a pesar de las realidades estadísticas, demuestra cómo las iniciativas de datos abiertos pueden ser instrumentalizadas para justificar políticas restrictivas y erosionar las libertades civiles bajo el pretexto de la seguridad pública y la eficiencia administrativa. En última instancia, el autor sostiene que estas medidas son una postura motivada políticamente, más que una gobernanza legítima. La consolidación del procesamiento de permisos en un único portal electrónico ofrece cierta coherencia administrativa, pero los requisitos de recopilación de datos que la acompañan sirven para intimidar y regular, más que para informar. La implicación fundamental es que, sin una estricta adhesión a los estándares constitucionales, los "datos abiertos" en este contexto se convierten en una herramienta de excedente de poder estatal, permitiendo a los funcionarios mantener prohibiciones *de facto* sobre la portación de armas mediante el monitoreo continuo y la asignación discrecional de recursos.
Fuente: bearingarms.comPublicado el 2023-06-19
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