New Jersey AG directs police departments hand over "anonymized" data on carry applications
New Jersey AG directs police departments hand over "anonymized" data on carry applications
El artículo sostiene que la legislación y las directrices de Nueva Jersey posteriores a la decisión Bruen representan una resistencia continua a las sentencias de la Corte Suprema que amplían los derechos garantizados por la Segunda Enmienda. En lugar de aceptar la nueva realidad jurídica, los funcionarios estatales intentan controlar la narrativa recopilando datos exhaustivos sobre los titulares de permisos. Este enfoque se considera una maniobra política destinada a justificar políticas restrictivas bajo el pretexto de la seguridad pública basada en datos, ignorando las mandatos constitucionales establecidos por la Corte. Se reconoce que la implementación de un sistema centralizado y electrónico de permisos constituye un paso administrativo positivo que podría reducir las inconsistencias locales en la aplicación de la ley. Sin embargo, la obligación simultánea de recopilar datos anonimizados de las solicitudes es criticada como una medida invasiva diseñada para vigilar a los ciudadanos que cumplen la ley. El autor sugiere que esta recopilación de datos tiene como objetivo crear una percepción engañosa de que la ampliación de los derechos de porte afecta negativamente la seguridad comunitaria, proporcionando así un pretexto para futuras regulaciones restrictivas a pesar de las protecciones legales existentes. Esta situación es relevante para los debates sobre datos abiertos, ya que pone de manifiesto la tensión entre la transparencia gubernamental y las preocupaciones sobre la privacidad cuando las agencias estatales recopilan información personal sensible. La directriz ilustra cómo la infraestructura de datos puede utilizarse no solo para mejorar la eficiencia, sino también para el control político y la vigilancia de actividades lícitas. Sirve como un caso de estudio que muestra cómo la "toma de decisiones basada en datos" puede entrar en conflicto con las libertades constitucionales si se emplea para dirigirse a grupos específicos en lugar de informar mejoras neutrales en los servicios públicos.
Fuente: bearingarms.comPublicado el 2023-06-20