Facility accused of exorcisms and gay conversion practices applied for funding a month after Morrison announced it
El artículo revela que el departamento federal de salud de Australia aprobó millones en fondos públicos para la Fundación Esther a pesar de graves acusaciones de abuso, incluidas prácticas religiosas coercitivas y la supresión de personas LGBTQA+. Esta decisión se produjo bajo una importante presión política del ex primer ministro, lo que dio lugar a un proceso de concesión de subvenciones que eludió los procedimientos competitivos habituales. La rápida aprobación sugiere que la influencia política prevaleció sobre la debida diligencia administrativa adecuada, lo que condujo a la asignación de fondos a una organización con un historial operativo profundamente preocupante. Es crucial destacar que la auditoría determinó que la subvención probablemente carecía de base legal, ya que los funcionarios recibieron asesoramiento que indicaba su ilegalidad el mismo día en que se firmó el acuerdo. Esto pone de manifiesto una falla sistémica en la supervisión ética, donde las normas departamentales fueron violadas deliberadamente para agilizar una decisión de “elección del capitán” (es decir, una selección discrecional). La revisión llevada a cabo por la administración fue superficial, careciendo de evaluaciones esenciales sobre la viabilidad financiera, lo que subraya la rapidez con la que se dispersaron los recursos públicos sin las salvaguardias ni los controles de rendición de cuentas necesarios. Este caso es fundamental para la transparencia de datos, ya que demuestra el poder de la transparencia para exponer la mala conducta gubernamental. Los documentos obtenidos mediante solicitudes de libertad de información fueron esenciales para descubrir la cronología de los hechos, revelando que los funcionarios se apresuraron a legitimar una decisión política ya anunciada, en lugar de realizar una evaluación genuina. Muestra que los registros públicos accesibles son cruciales para mantener la rendición de cuentas de las instituciones, permitiendo a los periodistas y ciudadanos rastrear cómo la conveniencia política puede comprometer la gobernanza ética y la confianza pública.
Fuente: theguardian.comPublicado el 2023-09-06
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