Tercer Sector C-LM busca blindarse en Estatuto, reclama Consejo de Gobierno abierto y pide diálogo también a nivel local

Tercer Sector C-LM busca blindarse en Estatuto, reclama Consejo de Gobierno abierto y pide diálogo también a nivel local

El Tercer Sector en Castilla-La Mancha está impulsando la protección constitucional de los derechos sociales dentro del nuevo Estatuto de Autonomía, garantizando que estas garantías permanezcan independientes de los cambios políticos. Defiende la creación de estructuras sólidas de diálogo civil que se extiendan más allá del gobierno regional para incluir a los municipios y las diputaciones provinciales, reconociendo que la mayoría de los servicios sociales se prestan a nivel comunitario. Este cambio estratégico enfatiza el papel único de las entidades asociativas y busca formalizar su interacción con todos los niveles de administración para servir mejor a la ciudadanía. Simultáneamente, el CERMI está presionando para fortalecer la Comisión Permanente No Legislativa sobre Políticas Integrales de Discapacidad dentro del parlamento regional. El objetivo es transformar este órgano en una plataforma vital donde los funcionarios gubernamentales de diversos departamentos, como salud y empleo, deben explicar sus estrategias y avances en materia de políticas de discapacidad. Esta iniciativa busca reactivar el impulso de la comisión tras la desaceleración provocada por la pandemia, asegurando que cumpla su propósito original de facilitar una supervisión sustantiva y la rendición de cuentas. Este desarrollo es crucial para open_data porque exige transparencia institucional respecto a cómo se asignan los recursos públicos a los servicios de discapacidad. Al requerir que el gobierno explique las decisiones presupuestarias ante una comisión parlamentaria, el proceso crea un marco para el escrutinio público del gasto. Esto promueve la disponibilidad de información detallada y accesible sobre las prioridades fiscales, permitiendo que la sociedad civil y los defensores de los datos supervisen si los fondos abordan eficazmente las necesidades reales de la comunidad de personas con discapacidad, fomentando así una mayor rendición de cuentas y la elaboración de políticas basadas en evidencia.

Fuente: gentedigital.es
Publicado el 2023-09-21