Estos son los argumentos legales del Banco Central para pedir la identidad de los deudores y los de Sugef para negar esos datos
El conflicto entre el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) gira en torno al intercambio obligatorio de datos de deudores sin anonimizar con fines estadísticos. Esta disputa, que escaló hasta incluir denuncias penales y medidas cautelares temporales, pone de manifiesto una tensión crítica en la gobernanza de los datos abiertos: el equilibrio entre el interés público en contar con estadísticas económicas transparentes y detalladas, y el derecho constitucional a la privacidad y a la protección de datos. El BCCR sostiene que la información identificativa es esencial para vincular conjuntos de datos y evaluar con precisión el riesgo financiero, mientras que la SUGEF argumenta que dichos datos personales detallados constituyen información sensible protegida por la ley, lo que exige un consentimiento explícito para su divulgación. La implicación principal para la comunidad de datos abiertos es la ambigüedad en torno a la clasificación de los datos crediticios. Si bien el Banco Central considera que estos registros son datos de interés público, necesarios para la política monetaria y el análisis de riesgos, los reguladores y los bancos sostienen que son privados y sensibles. Esta divergencia genera una paradoja jurídica en la que la disponibilidad de datos de alta calidad y legibles por máquina para uso público se ve obstaculizada por interpretaciones contradictorias sobre la soberanía y la confidencialidad de los datos. La situación demuestra cómo el desacuerdo institucional puede estancar las iniciativas de datos, afectando la capacidad de generar indicadores económicos confiables y exhaustivos, esenciales para la toma de decisiones informada. Este caso es particularmente relevante para los datos abiertos, ya que expone la fragilidad de los marcos de intercambio de datos cuando las definiciones legales de "sensibilidad" e "interés público" no están claramente alineadas. Subraya la necesidad de contar con precedentes jurídicos sólidos y protocolos claros que definan cómo los datos personales pueden hacerse abiertos o compartidos entre entidades gubernamentales de manera responsable, sin violar los derechos individuales. En última instancia, la resolución de este conflicto establecerá un precedente sobre cómo las autoridades estadísticas pueden acceder a conjuntos de datos detallados manteniendo la confianza pública y el cumplimiento de las normas de protección de datos.
Fuente: elfinancierocr.comPublicado el 2023-09-23