Plantean ley para que jubilación de funcionarios públicos sea a los 75 años - Política - ABC Color

Una enmienda legislativa propuesta en Paraguay busca elejar la edad obligatoria de jubilación para los funcionarios públicos de 65 a 75 años. Presentada por un grupo transversal de senadores, la iniciativa sostiene que el límite de edad actual es discriminatorio e injusto, especialmente porque muchos trabajadores alcanzan esta edad sin haber cotizado lo suficiente para acceder a una pensión digna. Al permitir que quienes deseen seguir trabajando puedan hacerlo hasta los 75 años, la propuesta pretende resolver tensiones constitucionales y ofrecer una vía viable para alcanzar beneficios de jubilación adecuados, sin forzar la salida temprana del mercado laboral. La justificación destaca inconsistencias en la normativa vigente, señalando que otros cargos de alto nivel, como los magistrados de la Corte Suprema y el personal militar, ya operan bajo marcos de jubilación diferentes, basados en la premisa de que la capacidad física y mental disminuye de manera gradual. Los promotores enfatizan que este cambio está impulsado principalmente por las demandas de los propios servidores públicos, quienes buscan la flexibilidad para postergar su jubilación únicamente con el fin de acumular las cotizaciones necesarias. Es importante destacar que la medida es voluntaria; los funcionarios que deseen jubilarse a los 62 años o antes seguirán teniendo la libertad de hacerlo, garantizando que ningún trabajador sea penalizado o coaccionado para permanecer activo en contra de su voluntad. Este desarrollo es altamente relevante para las iniciativas de datos abiertos, ya que subraya el papel crucial de la información estadística accesible y precisa en la formulación de políticas públicas. Los datos confiables sobre la esperanza de vida y las proyecciones demográficas, como los del Instituto Nacional de Estadística, proporcionan la base empírica necesaria para debatir eficazmente las edades de jubilación. La transparencia de los datos abiertos permite que los ciudadanos y los formuladores de políticas examinen estos supuestos, asegurando que los cambios legislativos se fundamenten en evidencia objetiva sobre la salud de la población y la sostenibilidad económica, en lugar de en afirmaciones anecdóticas.

Fuente: abc.com.py
Publicado el 2023-10-14

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