El Ministerio Público de Perú modificó su TUPA para cobrar por el escaneo y entrega de información solicitada bajo la Ley de Transparencia, incluso cuando se solicita por vía electrónica. Esta medida contradice directamente la normativa vigente, que garantiza la gratuidad absoluta de las respuestas digitales, imponiendo una barrera económica innecesaria al ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Además, el cambio introduce restricciones excluyentes que limitan el acceso a las partes involucradas en casos judiciales o sus abogados, ignorando que gran parte del contenido de las carpetas fiscales tiene naturaleza pública. Asimismo, se establecen tarifas superiores a los costos reales de reproducción para copias certificadas, desafiando precedentes constitucionales que exigen que los cobros se limiten estrictamente al gasto directo de la entidad para garantizar la gratuidad efectiva. Este artículo es relevante para el open data porque ilustra cómo las normas administrativas pueden utilizarse para obstaculizar la disponibilidad y reutilización de la información pública. Al monetizar y restringir el acceso a documentos estatales, se socava la transparencia y se dificulta la capacidad de la sociedad civil, periodistas y investigadores de auditar la gestión pública. Este caso sirve como advertencia sobre la importancia de vigilar que la implementación técnica de la transparencia no viole sus principios fundamentales de apertura y gratuidad.
Source: rpp.pePublished on 2023-10-30