La aprobación de la ley de transparencia en España ha transformado el acceso a la información pública, cambiando el paradigma de un derecho restringido a uno universal. Sin embargo, diez años después, la cultura de la transparencia en las administraciones sigue siendo insuficiente, afectada por la falta de recursos y la escasez de agilidad en las respuestas. Esto implica que, aunque la estructura legal existe, su aplicación práctica carece de la eficacia necesaria para garantizar plenamente el derecho de los ciudadanos. Para mejorar esta situación, es urgente reformar la ley priorizando la publicidad activa como la vía más eficiente, y dotar al Consejo de Transparencia de potestades coercitivas que permitan exigir el cumplimiento de sus resoluciones. La ausencia de estos mecanismos de fuerza limita significativamente la capacidad del organismo para sancionar el incumplimiento administrativo, dejando muchas resoluciones sin ejecución efectiva y debilitando la rendición de cuentas en la gestión pública. Esta situación es relevante para el open data porque demuestra que la mera disponibilidad de datos no basta; se requieren marcos institucionales fuertes con capacidad de exigibilidad para asegurar que la información sea real, actual y accesible. Sin mecanismos que obliguen a las administraciones a publicar proactivamente y a responder rápidamente, los esfuerzos por democratizar la información chocan con la resistencia burocrática, lo que subraya la necesidad de una gobernanza de datos más robusta y autónoma.
Source:Published on 2023-12-04