El Departamento del Fiscal General advirtió que intervenir en la decisión del fiscal Mark Dreyfus de detener el procesamiento de Bernard Collaery arriesgaba a generar una presión política insostenible para desestimar de manera similar los casos de los denunciantes Richard Boyle y David McBride. Al actuar de forma unilateral en el asunto Collaery con el fin de proteger secretos de Estado, Dreyfus puso inadvertidamente de manifiesto una doble vara de medir, lo que instó a los defensores de la transparencia y a figuras de la oposición a exigir una intervención equivalente en la represión más amplia contra las revelaciones de información estatal. Esta advertencia subraya el conflicto inherente entre el ejercicio de poderes excepcionales en materia de enjuiciamiento y el mantenimiento de estándares jurídicos uniformes en distintos escenarios de denuncia. Dreyfus, en última instancia, rechazó estas demandas, argumentando que la intervención rutinaria politizaría el proceso de enjuiciamiento y socavaría la independencia del Director de Ministerio Público. Sostuvo que sus facultades estatutarias debían reservarse para circunstancias verdaderamente excepcionales, a fin de evitar acusaciones de parcialidad y preservar el Estado de derecho. Esta postura refleja una tensión crítica en la justicia administrativa, donde el deseo de conveniencia moral o política choca con la necesidad de integridad procesal y con la neutralidad percibida del sistema legal. Este episodio es altamente relevante para el activismo en favor de los datos abiertos, pues ilustra los graves riesgos personales y profesionales asociados con la exposición de conductas indebidas del Estado. La actitud defensiva del gobierno revela un esfuerzo sistemático por aislarse de los mecanismos de rendición de cuentas, lo que sugiere que las iniciativas de transparencia se enfrentan a una resistencia institucional arraigada. Para las iniciativas de datos abiertos, esto destaca la necesidad de contar con sólidas protecciones jurídicas para quienes revelan información, ya que la dependencia de la intervención política discrecional es tanto poco fiable como peligrosa para los denunciantes que buscan justicia.
Source: theguardian.comPublished on 2023-12-20