El presidente López Obrador justificó la publicación del número telefónico personal de la jefa de la oficina en México del *New York Times* argumentando que su autoridad moral y política se sitúa por encima de la Ley General de Protección de Datos Personales. Esta postura, expresada durante una conferencia matutina, implica que los gobernantes poseen un privilegio sobre la normativa vigente cuando sienten que su dignidad o la del país han sido vulneradas, estableciendo un precedente donde la voluntad del líder trasciende el marco legal establecido. La relevancia de este caso para los datos abiertos es crítica, ya que socava el principio fundamental de transparencia responsable, el cual exige que la rendición de cuentas pública no comprometa la seguridad ni los derechos individuales de las personas. Al ignorar los lineamientos que obligan a los sujetos públicos a proteger los datos personales, el gobierno pone en riesgo la confianza ciudadana en las instituciones. La transparencia real requiere equilibrio, no la exposición indiscriminada de información sensible bajo la excusa de la defensa política, lo que contradice los estándares internacionales de protección de datos. Este incidente evidencia una tensión estructurada entre el poder ejecutivo y el estado de derecho, sugiriendo que las regulaciones de privacidad son opcionales para quienes ostentan la máxima autoridad. Para el ecosistema de datos abiertos, esto representa un desafío significativo: sin un compromiso firme con la ley por parte de los funcionarios, la iniciativa de abrir información se vuelve inconsistente y vulnerable a la arbitrariedad. La protección de datos personales no debe ser sacrificada en el altar de la autoridad política, pues ello debilita la base democrática necesaria para una sociedad informada y justa.
Source: vanguardia.com.mxPublished on 2024-02-25
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