Lawsuit: Biden’s ICE Not Naming Illegal-alien Criminals in News Releases

El artículo sostiene que la administración Biden está ocultando deliberadamente los datos sobre la aplicación de las leyes de inmigración al retener las identidades de los extranjeros condenados por delitos, una práctica que marca un cambio drástico respecto a la transparencia mantenida durante la era Trump. Al negarse a publicar estos nombres en las notas de prensa, la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) supuestamente impide que el público y las organizaciones de vigilancia verifiquen si las personas han sido realmente deportadas o se les ha permitido permanecer en el país. Esta falta de visibilidad oculta la verdadera magnitud de la falta de aplicación de la ley y permite a la administración eludir las disposiciones obligatorias de expulsión establecidas por el Congreso, sustituyendo efectivamente la ley estatutaria por directrices de política discrecional que favorecen la retención de no ciudadanos. Esta opacidad es particularmente significativa para los defensores de los datos abiertos, ya que destaca cómo las agencias gubernamentales pueden manipular la disponibilidad de información para ocultar los resultados de las políticas. Cuando los conjuntos de datos oficiales y las comunicaciones públicas son deliberadamente incompletos, la verificación independiente se vuelve casi imposible, socavando los principios fundamentales de transparencia y rendición de cuentas que las iniciativas de datos abiertos buscan promover. La demanda presentada por el Instituto de Leyes de Reforma de la Inmigración busca descubrir las políticas internas que impulsan este encubrimiento, lo que sugiere que la retención de información es una estrategia sistemática y no una omisión administrativa. En relación con los datos abiertos, este caso ilustra la importancia crítica de las publicaciones gubernamentales legibles por máquina, completas y oportunas. Si las agencias controlan qué datos son visibles para el público, pueden ocultar efectivamente las consecuencias de sus acciones, impidiendo que ciudadanos, periodistas e investigadores responsabilicen a los funcionarios. El artículo sirve como un recordatorio contundente de que, sin mecanismos legales sólidos como la Ley de Libertad de Información (FOIA) y un compromiso con la divulgación total, los datos gubernamentales "abiertos" corren el riesgo de convertirse en una narrativa curada en lugar de un registro factual, erosionando la confianza pública y la utilidad de la supervisión basada en datos.

Fuente: thenewamerican.com
Publicado el 2024-04-27

Noticias relacionadas

« Logró México superávit comercial de U$2 mil millones en marzo, estiman

Las ventas del comercio minorista se frenan en marzo, pero suman 16 meses al alza »