Candidatos al gobierno de Puebla, Eduardo Rivera y Alejandro Armenta, utilizaron datos engañosos para defender sus gestiones pasadas, revelando una falta de rigor en la comunicación pública sobre temas cruciales como la seguridad y la transparencia. Rivera afirmó erróneamente que todos los delitos disminuyeron durante su administración, cuando en realidad el reporte oficial muestra un aumento general, con incrementos significativos en robos y acoso, aunque sí hubo bajadas en algunos crímenes de alta incidencia. Por su parte, Armenta cuestionó su propia transparencia al insistir en que su declaración patrimonial ya era pública, omitiendo que gran parte de esa información está censurada o no accesible. Esta contradicción resalta la diferencia entre la disponibilidad formal de los datos y su real utilidad para la ciudadanía, mostrando cómo los funcionarios pueden cumplir técnicamente con la ley mientras limitan la capacidad de escrutinio público. Este caso es relevante para el movimiento de open data porque expone cómo la mala interpretación de las estadísticas y la obstrucción indirecta del acceso a la información pueden erosionar la confianza cívica. Demuestra que la transparencia no es solo publicar documentos, sino garantizar que los datos sean completos, verificables y comprensibles. Al ocultar detalles o presentar cifras parciales, los políticos dificultan la rendición de cuentas efectiva, recordándonos que el acceso abierto a la información es fundamental para una democracia saludable y para permitir que la sociedad evalúe correctamente el desempeño de sus líderes.

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Published on 2024-05-10