Public bodies 'over reliant' on external legal advisors

El Comisionado de Información destaca una tendencia preocupante en la que algunas entidades públicas dependen excesivamente de asesores jurídicos externos para gestionar las solicitudes de acceso a la información. Esta externalización traslada la cultura interna de un enfoque basado en la apertura a uno defensivo, lo que deriva en la aplicación de exenciones genéricas en lugar de supresiones selectivas y conforme a la ley. El Comisionado advierte que este enfoque socava el principio de que la información debe, por regla general, ser divulgada, sustituyendo una mentalidad orientada al servicio por una estrategia jurídica aversa al riesgo que, con frecuencia, oculta el acceso legítimo del público. Además, la práctica de externalizar la toma de decisiones genera importantes obstáculos procedimentales para la rendición de cuentas. En varios casos, las organizaciones han negado el acceso a los registros al despacho del Comisionado, alegando privilegio legal sin facilitar los documentos correspondientes para su examen independiente. Esta negativa a cooperar impide que el Comisionado adopte decisiones fundamentadas sobre la validez de las exenciones, bloqueando efectivamente los recursos y socavando la integridad del proceso de supervisión. Esto demuestra cómo la dependencia de asesoramiento externo puede derivar en incumplimiento y falta de transparencia en el tratamiento de datos sensibles. Este artículo es de gran relevancia para la iniciativa de datos abiertos, ya que subraya la importancia crucial de la cultura institucional y la capacidad interna frente a las maniobras jurídicas externas para mantener la transparencia. Las verdaderas iniciativas de datos abiertos requieren una divulgación proactiva y una disposición a compartir la información, en lugar de una obstrucción reactiva por parte de los equipos jurídicos. Cuando las entidades públicas priorizan el ocultamiento de la información mediante alegaciones genéricas, erosionan la confianza y dificultan la capacidad del público para fiscalizar las acciones gubernamentales, lo cual es fundamental para una sociedad abierta.

Source: rte.ie
Published on 2024-06-28