Un decreto no puede limitar el acceso a la información pública

Múltiples organizaciones de la sociedad civil expresan su seria preocupación porque el Decreto 780/24 socava el derecho fundamental al acceso a la información pública. Esta medida regulatoria intenta restringir la transparencia al ampliar el alcance de la información confidencial más allá de lo establecido por la legislación nacional. Al otorgar a los funcionarios una amplia discrecionalidad para definir qué documentos son públicos y cuáles privados, el decreto prioriza decisiones políticas subjetivas sobre las garantías legales, debilitando efectivamente la rendición de cuentas del Estado. El decreto establece un precedente peligroso en el que la discrecionalidad del Ejecutivo prevalece sobre la intención legislativa y las normas internacionales de derechos humanos en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Permite que las autoridades retengan datos de manera arbitraria, desplazando el poder desde el derecho de los ciudadanos a saber hacia el deseo del gobierno de mantener el secreto. Este retroceso amenaza la supervisión democrática y erosiona la confianza en las instituciones públicas al oscurecer las acciones de quienes ostentan el poder. Este desarrollo es de especial relevancia para las iniciativas de datos abiertos, ya que las restricciones arbitrarias a la disponibilidad de datos obstaculizan la investigación, el periodismo y la participación ciudadana. Cuando los gobiernos controlan lo que se considera "datos públicos", los ecosistemas sistemáticos de datos abiertos colapsan, impidiendo el libre flujo de información necesario para una sociedad informada. Mantener políticas de datos transparentes es esencial para preservar la integridad democrática y garantizar que los datos sigan siendo una herramienta de rendición de cuentas y no un mecanismo de ocultamiento.

Fuente: cippec.org
Publicado el 2024-09-04

Un decreto no puede limitar el acceso a la información pública

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