El artículo sostiene que el Decreto 780/2024 en Argentina representa un retroceso inconstitucional en el acceso a la información pública, contradiciendo principios fundamentales de transparencia y democracia. Al redefinir conceptos clave como "buena fe" y "información pública", el decreto amplía discrecionalmente las facultades estatales para denegar solicitudes y clasificar datos como confidenciales por hasta diez años. Esto obstaculiza la participación ciudadana, especialmente en asuntos ambientales, y viola tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú, que prohíben la regresión en la protección de derechos. Esta normativa es crucial para el campo de *open data* porque ilustra los riesgos de la opacidad institucional y la manipulación regulatoria. Al restringir el acceso a documentos preparatorios y limitar la definición de lo que es público, el Estado oculta información esencial que debería ser abierta y accesible. Esto socava la capacidad de la sociedad civil para supervisar la gestión pública, evaluar impactos ambientales y tomar decisiones informadas, desvirtuando el propósito de los datos abiertos como herramientas de rendición de cuentas. La relevancia del texto radica en su advertencia sobre cómo las excepciones reglamentarias pueden erosionar derechos humanos digitales. Cuando los mecanismos de protección de datos se utilizan para justificar la secretización en lugar de la divulgación, se debilita la confianza en las instituciones y se limita la innovación social y tecnológica basada en datos públicos. El artículo enfatiza que sin acceso efectivo y sin restricciones excesivas, la transparencia se convierte en un vacío formal, impidiendo el desarrollo de una democracia robusta y informada.
Source: argentinaforestal.comPublished on 2024-09-05