Datos personales, en riesgo por reforma: Adrián Alcalá Méndez, comisionado del INAI

Datos personales, en riesgo por reforma: Adrián Alcalá Méndez, comisionado del INAI

La posible extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) representa una grave amenaza para la privacidad y la seguridad de los ciudadanos mexicanos, generando un vacío legal que podría dejar los datos personales vulnerables ante la delincuencia organizada. Esta reforma elimina la principal garantía institucional de los derechos de protección de datos sin establecer un sucesor adecuado, exponiendo así la información sensible y socavando los derechos humanos fundamentales. La ausencia de una autoridad clara para gestionar estas protecciones críticas constituye un retroceso en el marco de los derechos digitales, dejando a los ciudadanos en un estado de inseguridad total respecto a su información personal. El plan de transición propuesto carece de claridad y coherencia operativa, lo que suscita preocupaciones significativas sobre la continuidad administrativa y las obligaciones financieras. Aspectos clave, como la gestión de la Plataforma Nacional de Transparencia, la situación de casi 800 empleados y el manejo de arrendamientos financieros a largo plazo, permanecen ambiguos. Además, asignar la supervisión de la transparencia a una agencia federal anticorrupción ignora la necesidad de una supervisión independiente sobre otros poderes del Estado, como el judicial, lo que podría comprometer la imparcialidad y la eficacia de los mecanismos de acceso a la información en todos los niveles de gobierno. La sustitución de un organismo independiente y centrado en el usuario por tribunales administrativos dificultaría drásticamente la capacidad de los ciudadanos para hacer valer sus derechos debido al aumento de costos, la lentitud de los procedimientos y la reducción de la accesibilidad. A diferencia del modelo actual, que ofrece resoluciones gratuitas, rápidas y en línea, los procesos judiciales alternativos son prolongados y requieren representación legal, limitando efectivamente el acceso a la justicia para las poblaciones vulnerables. Este cambio no solo disminuye la eficiencia de los mecanismos de transparencia, sino que también erosiona la autonomía necesaria para prevenir conflictos de interés cuando los ciudadanos solicitan información al Estado. Este artículo es relevante para los datos abiertos porque destaca la importancia crítica de las instituciones independientes para salvaguardar la privacidad de los datos y garantizar un acceso equitativo a la información pública. Demuestra cómo los cambios legislativos pueden impactar directamente la infraestructura de la transparencia, debilitando potencialmente los marcos legales y técnicos que protegen los derechos individuales y mantienen la confianza en las iniciativas de gobierno abierto.

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