Will Donald Trump Stop Domestic Spying? - Antiwar.com

El artículo sostiene que el FBI y la DEA violan sistemáticamente los derechos a la privacidad protegidos por la Cuarta Enmienda al utilizar spyware extranjero para acceder a dispositivos sin órdenes de registro. Al adquirir herramientas como Pegasus y Graphite, estas agencias eluden el control judicial, tratando efectivamente los datos digitales como desprotegidos, independientemente de si el objetivo se encuentra dentro o fuera del país. Esta práctica representa una erosión persistente de las salvaguardas constitucionales, en la que las acciones del poder ejecutivo anulan consistentemente las protecciones legales a las que los ciudadanos tienen derecho frente a registros e incautaciones irrazonables. Una preocupación crítica destacada es la afirmación del gobierno de que las restricciones constitucionales no se aplican a las operaciones realizadas fuera de las fronteras de Estados Unidos. A pesar de la jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que la Constitución acompaña al gobierno, agencias como la DEA mantienen que operan fuera del alcance legal cuando llevan a cabo vigilancia en el extranjero. Esta justificación permite el hacking sin orden judicial y la extracción de datos, creando un precedente peligroso en el que el Estado puede eludir las libertades civiles fundamentales simplemente cruzando una frontera geográfica, socavando así el principio de que las fuerzas del orden deben cumplir con las mismas reglas en todas partes. Este comportamiento es altamente relevante para el activismo en favor de los datos abiertos, ya que demuestra cómo la opacidad en la adquisición de tecnología gubernamental y los métodos secretos de vigilancia exacerban la falta de transparencia en los derechos digitales. Cuando las agencias dependen de software propietario, fabricado en el extranjero y adquirido a través de canales secretos, la supervisión pública y la rendición de cuentas se ven severamente limitadas. La situación subraya la urgente necesidad de mayor transparencia en el uso de software gubernamental y en el manejo de datos, ya que los sistemas cerrados facilitan la vigilancia inconstitucional y impiden que los ciudadanos comprendan cómo su información personal está siendo recopilada y almacenada por las autoridades federales.

Fuente: original.antiwar.com
Publicado el 2024-12-17

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