El gobierno español ha aprobado el anteproyecto de ley que regula por primera vez la relación entre los grupos de interés y la Administración General del Estado. Esta normativa establece un marco jurídico claro para definir qué entidades ejercen influencia política, excluyendo a organismos públicos y partidos políticos en el ejercicio de sus funciones constitucionales. El objetivo principal es fomentar una cultura de integridad, prevenir conflictos de intereses y mejorar la participación pública en la toma de decisiones, alineándose con compromisos internacionales como la Agenda 2030. Se crea un registro público, gratuito e interoperable gestionado por la Oficina de Conflictos de Intereses, donde la inscripción es obligatoria para cualquier entidad que desee realizar actividades de influencia. Este registro no solo incluye la identificación de los grupos, sino también información financiera relevante y datos sobre los contactos mantenidos con el personal público. La transparencia se refuerza mediante la obligación de publicar informes de "huella normativa" en los procesos legislativos, detallando quién interactuó con los lobistas y qué aportaciones se realizaron. Esta iniciativa es fundamental para la comunidad de datos abiertos, ya que sistematiza y publica información crítica sobre el cabildeo. Al exigir datos estructurados y accesibles sobre quién influye, con qué recursos y en qué decisiones, se proporciona a la sociedad civil y a los investigadores una herramienta esencial para auditar el poder. Esto transforma la opacidad tradicional del lobbying en información verificable, potenciando la rendición de cuentas y permitiendo un escrutinio social efectivo sobre la integridad de las políticas públicas.
Source: legaltoday.comPublished on 2025-01-30
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