Ready to show Modi's degree to court, not strangers, DU tells HC
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La Universidad de Delhi afirma que, si bien no tiene objeciones a revelar los registros educativos del primer ministro Narendra Modi al tribunal, se niega a divulgarlos al público en general en virtud de la Ley de Derecho a la Información (RTI). La universidad sostiene que los expedientes estudiantiles se custodian en calidad de fiduciarios, lo que significa que la institución está legalmente obligada a protegerlos como datos privados, y no como propiedad pública. Esta distinción constituye el núcleo de su defensa legal contra la transparencia obligatoria, enfatizando que el titular de información personal sensible tiene deberes específicos para salvaguardarla frente a escrutinios no autorizados. El debate legal central gira en torno a la tensión entre el derecho a saber y el derecho a la privacidad. El Fiscal General, Tushar Mehta, sostiene que la información personal no relacionada con el cargo público o las funciones oficiales está protegida por las garantías de privacidad, las cuales prevalecen sobre la curiosidad del público. El argumento sugiere que la Ley RTI está diseñada para garantizar la transparencia gubernamental, no para satisfacer consultas individuales ni servir como herramienta para el activismo político. En consecuencia, la universidad mantiene que revelar dichos registros académicos históricos establecería un precedente problemático, que podría exponer a miles de estudiantes a una divulgación pública injustificada. Este caso es de especial relevancia en los debates sobre datos abiertos, ya que cuestiona el alcance de la transparencia de los datos cuando entra en conflicto con los derechos a la privacidad individual. Destaca la lucha continua por definir los límites en la divulgación de interés público, particularmente en lo que respecta a los registros personales históricos de figuras de alto perfil. El resultado probablemente influirá en cómo las instituciones manejan los datos de terceros, reforzando la idea de que la apertura debe equilibrarse con las obligaciones legales de proteger la información personal. Esta sentencia podría impactar las solicitudes futuras de datos públicos, estableciendo criterios más estrictos sobre lo que constituye un interés público legítimo frente a la mera curiosidad.
Fuente: rediff.comPublicado el 2025-02-28