Sin independencia, nuevos órganos en Ley de Transparencia
Sin independencia, nuevos órganos en Ley de Transparencia
El artículo destaca un cambio crítico en el marco de transparencia de México, argumentando que la nueva Ley General de Transparencia socava la independencia institucional al centralizar las facultades de nombramiento dentro del Poder Ejecutivo. La excomisionada del IFAL, María Marván, advierte que la creación de múltiples organismos especializados, incluido “Transparencia para el Pueblo”, sustituye el modelo unificado anterior por una estructura susceptible a la interferencia política y a conflictos de intereses. Esta concentración de autoridad conlleva el riesgo de una supervisión subordinada, en la que los revisores dependen directamente de aquellos a quienes deberían supervisar, debilitando efectivamente los mecanismos de control y equilibrio esenciales para la rendición de cuentas democrática. Los críticos enfatizan que la reforma elimina protecciones ciudadanas esenciales, como el acceso gratuito y rápido a los recursos de revisión, sustituyéndolos por procesos judiciales costosos y prolongados. La disolución del antiguo instituto autónomo descarta décadas de experiencia técnica y operativa, supuestamente en aras de ahorros administrativos que los críticos consideran insignificantes. Al dispersar las responsabilidades entre dieciocho autoridades federales distintas y ampliar las causales para negar información, el sistema crea obstáculos significativos para los ciudadanos que buscan datos públicos, disminuyendo así la garantía práctica del derecho de acceso a la información. Este desarrollo es altamente relevante para los defensores de los datos abiertos, ya que señala un retroceso desde un modelo robusto e independiente de gobernanza de datos hacia uno que prioriza el control estatal sobre la transparencia pública. La pérdida de un órgano centralizado y autónomo, junto con la introducción de barreras para acceder a la información, amenazan la integridad y la disponibilidad de los datos públicos. Para las iniciativas de datos abiertos, esto representa un riesgo sistémico en el que la divulgación de datos se vuelve contingente al favor político en lugar de ser una obligación legal, lo que podría estancar el compromiso cívico y el análisis independiente de las acciones gubernamentales.
Fuente: eleconomista.com.mxPublicado el 2025-03-04