Retrocesos en la nueva ley de transparencia: la clasificación de información en los casos de corrupción acreditados
La reciente reforma constitucional en México ha desmantelado el Sistema Nacional de Transparencia y extinguido al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). Aunque el Senado aprobó nuevas leyes secundarias para regular el acceso a la información, estas modificaciones representan un retroceso institucional significativo. La centralidad de este cambio radica en la reestructuración del marco jurídico que garantiza la transparencia, afectando directamente la capacidad de los ciudadanos para exigir rendición de cuentas ante el Estado. El aspecto más crítico de esta nueva legislación es la introducción de la condición de "casos de corrupción acreditados" como único requisito para desclasificar información. A diferencia de la normativa vigente, que permitía el acceso a documentos relacionados con corrupción incluso mientras estaban en investigación, la nueva regla obliga a esperar una sanción firme o una determinación previa de autoridad competente. Esto crea una barrera burocrática que impide el acceso a la información *prima facie*, limitando severamente la transparencia en situaciones donde la corrupción aún se encuentra bajo análisis judicial o administrativo. Esta restricción es altamente relevante para el movimiento de *open data* porque vulnera el principio de máxima publicidad y debilita la supervisión ciudadana. Si bien precedentes de la Suprema Corte establecían que el acceso a esta información no constituía prejuzgamiento, la nueva doctrina legal invierte esta lógica, favoreciendo la reserva sobre la transparencia. En la práctica, esto mantiene ocultos datos esenciales sobre grandes escándalos pendientes, desincentivando el acceso abierto y comprometiendo la integridad del ecosistema de datos públicos necesario para una democracia saludable.
Fuente: anticorrupcion.nexos.com.mxPublicado el 2025-03-07
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