La Iglesia, en contra de bajar la edad de imputabilidad: "Más oportunidades que penas"

La Iglesia, en contra de bajar la edad de imputabilidad: "Más oportunidades que penas"

La Comisión Episcopal para la Pastoral Social de la Iglesia Católica ha rechazado firmemente las propuestas para reducir la edad de responsabilidad penal de los menores, argumentando que dicha medida punitiva es una idealización inadecuada que no aborda las causas profundas de la violencia juvenil. Al destacar que los menores no son los principales responsables estadísticos de la delincuencia, el documento cuestiona el enfoque narrativo centrado en los jóvenes infractores y exhorta a la sociedad a ir más allá de los simples ajustes penales. Esta postura resalta la importancia de priorizar políticas sociales integrales frente a cambios legislativos reactivos que pueden resultar atractivos electoralmente, pero carecen de eficacia sustantiva. En lugar de la encarcelación, la Iglesia aboga por la "contención social y la educación" como herramientas esenciales para la rehabilitación y la prevención. El argumento sostiene que el acceso a las drogas y la falta de oportunidades genuinas para los jóvenes son factores clave que impulsan la conducta delictiva, lo que exige un sistema de justicia juvenil humano e integral, centrado en la reinserción. Esta perspectiva subraya la necesidad de que expertos, como psicólogos y educadores, guíen los debates sobre políticas públicas, asegurando que las soluciones se fundamenten en el conocimiento profesional y no en el pánico mediático o en las ganancias políticas a corto plazo. Este artículo es relevante para el tema de los datos abiertos porque critica implícitamente las políticas basadas en información incompleta o malinterpretada. Aboga por decisiones impulsadas por un debate serio y una planificación a largo plazo, las cuales dependen en gran medida de la disponibilidad transparente y del análisis riguroso de datos estadísticos sobre la demografía delictiva y los indicadores sociales. Al destacar la discrepancia entre la percepción pública y las estadísticas oficiales, el texto defiende una gobernanza basada en la evidencia, donde el acceso abierto a datos confiables empodera a los actores interesados para promover políticas públicas efectivas y centradas en las personas, en lugar de medidas punitivas ineficaces.

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