¿Ahora quién abrirá los datos públicos?

La reciente reforma constitucional que desmanteló al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) altera fundamentalmente el marco de transparencia de México, al sustituir un órgano autónomo e independiente por dieciocho unidades internas de control distintas en los ámbitos legislativo, judicial y de organismos autónomos. Esta fragmentación estructural dispersa las responsabilidades de supervisión entre entidades que, originalmente, no tienen la transparencia como su mandato principal, lo que genera preocupaciones significativas sobre la capacidad institucional y el enfoque de dichas entidades. Este cambio implica un debilitamiento sistémico de las protecciones al acceso a la información, ya que la experiencia especializada se diluye entre organizaciones cuyas funciones centrales difieren de la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos a la información. Lo más crítico es que esta nueva disposición crea un conflicto de interés inherente, convirtiendo efectivamente a las autoridades tanto en reguladores como en regulados. Al delegar la supervisión a unidades de control internas dentro de las mismas instituciones que monitorean, el sistema compromete la imparcialidad, dado que estos órganos dependen administrativa y presupuestariamente de las mismas entidades que están encargadas de revisar. Esta dinámica de "juez y parte" amenaza con socavar la equidad en la resolución de disputas, ya que los revisores pueden reacio a cuestionar decisiones adoptadas por sus propios pares organizacionales, erosionando así la confianza pública en los mecanismos de rendición de cuentas. Este desarrollo es altamente relevante para los defensores de los datos abiertos, pues señala un retroceso desde una supervisión robusta e independiente hacia un cumplimiento interno fragmentado. La pérdida de un garante unificado y autónomo elimina un control crítico sobre el poder gubernamental, dificultando que los ciudadanos obtengan información y exijan responsabilidad a las autoridades. En consecuencia, la fiabilidad y la exigibilidad de los derechos de datos abiertos se ven significativamente disminuidas, lo que requiere una mayor vigilancia de la sociedad civil para mitigar los riesgos de una menor transparencia y un mayor opacidad en la administración pública.

Fuente: planoinformativo.com
Publicado el 2025-04-21

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