Proyecto de Ley de Transparencia Social pasó el primer debate en la Asamblea Nacional con observaciones sobre posible persecución a organizaciones sociales
La propuesta de Ley de Transparencia Social en Ecuador tiene como objetivo regular a las organizaciones de la sociedad civil, exigiendo transparencia en los recursos y en la distribución de beneficios. La conclusión principal del gobierno es que este marco es esencial para identificar y desarticular los flujos de capital ilegales vinculados a economías criminales, argumentando que la clasificación de las organizaciones según su nivel de riesgo permite realizar auditorías dirigidas sin penalizar a las entidades que actúan dentro del marco legal. La legislación busca cerrar los vacíos legales utilizados para el lavado de dinero, al tiempo que garantiza que los grupos de la sociedad civil que contribuyen al desarrollo social permanezcan protegidos frente a intervenciones arbitrarias. Por su parte, los legisladores de la oposición sostienen que el proyecto de ley viola principios constitucionales al mezclar reformas económicas y tributarias no relacionadas bajo el pretexto de la transparencia, generando inseguridad jurídica y creando potenciales herramientas para la persecución política. Los críticos enfatizan que la regulación de la sociedad civil, sin precedentes previos de intervención, suscita preocupaciones sobre la restricción de la libertad de asociación, sugiriendo que la medida podría servir como un mecanismo de control social en lugar de constituir un esfuerzo genuino contra la corrupción. Existen objeciones específicas respecto a la inclusión de medidas tributarias sobre los sectores productivos y al potencial de abuso contra líderes indígenas. Esta discusión es altamente relevante para el ámbito de los datos abiertos, ya que pone de manifiesto la tensión entre la supervisión regulatoria y la privacidad de los datos en el sector de la sociedad civil. Subraya la necesidad de contar con datos transparentes y estandarizados sobre financiamiento y beneficios para prevenir actividades ilícitas, al tiempo que plantea preguntas críticas sobre cómo los poderes de recopilación de datos pueden ser mal utilizados. El debate ilustra el desafío de diseñar marcos de datos abiertos que salvaguarden la integridad pública sin infringir la autonomía de las organizaciones ni facilitar la vigilancia política.
Fuente: eluniverso.comPublicado el 2025-08-20