Ley de Transparencia Social: 34 organizaciones de la sociedad civil alertan debilitamiento a sus estructuras y anuncian demanda de inconstitucionalidad
Treinta y cuatro organizaciones de la sociedad civil han interpuesto una demanda de inconstitucionalidad contra la recientemente promulgada Ley de Transparencia Social en Ecuador. Argumentan que la legislación socava gravemente la confianza pública y amenaza la continuidad de estos grupos al presentarlos como entidades sospechosas sin evidencia empírica. El discurso oficial utilizado durante los debates legislativos estigmatizó a las ONG, lo que podría disuadir la financiación privada e internacional esencial para sostener proyectos comunitarios y de derechos humanos. La ley impone cargas administrativas y económicas desproporcionadas, como la obligación de presentar informes financieros trimestrales con estándares equivalentes a los de las empresas comerciales. Estos requisitos se consideran inviables para las organizaciones de base y rurales que operan con presupuestos mínimos y trabajo voluntario. Además, el estatuto incluye temas regulatorios no relacionados y otorga a las autoridades un amplio poder discrecional para disolver organizaciones por infracciones administrativas vagas, lo que restringe desproporcionadamente la libertad de asociación. Esta situación es relevante para los datos abiertos porque destaca cómo la legislación sobre transparencia puede ser utilizada como arma para suprimir a la sociedad civil en lugar de mejorar la rendición de cuentas. Cuando los requisitos de divulgación de datos son excesivamente onerosos o carecen de consenso técnico, pueden silenciar efectivamente a los mismos actores necesarios para el desarrollo democrático. Este caso demuestra la necesidad crítica de una elaboración de políticas inclusiva y basada en evidencia para garantizar que los mecanismos de transparencia fortalezcan, en lugar de desmantelar, el marco institucional necesario para una sociedad civil saludable.
Fuente: eluniverso.comPublicado el 2025-08-30
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