“La sociedad civil no lava activos”, dice César Ricaurte, director de Fundamedios
“La sociedad civil no lava activos”, dice César Ricaurte, director de Fundamedios
La nueva Ley de Transparencia Social en Ecuador ha generado una fuerte reacción negativa por imponer controles burocráticos desproporcionados a las ONG, equiparándolas a entidades financieras. Esta medida, aprobada urgentemente sin un debate técnico adecuado, sobrecarga administrativamente a la sociedad civil, desincentiva la libre asociación y amenaza la supervivencia de pequeñas iniciativas comunitarias, lo que debilita el tejido social y la participación ciudadana. Desde la perspectiva de la transparencia y el control estatal, los críticos argumentan que la ley es ineficaz porque se basa en una justificación errónea: combatir el lavado de activos. La evidencia técnica indica que las ONG representan un riesgo bajo o medio, mientras que los sectores realmente problemáticos quedan fuera del alcance de esta normativa. Por tanto, la regulación generalizada ignora los datos existentes y prioriza la vigilancia política sobre la mejora real de los mecanismos de auditoría y la coordinación entre instituciones estatales. Este conflicto es relevante para la comunidad de datos abiertos porque ilustra cómo la opacidad y la mala calidad de los datos pueden llevar a regulaciones abusivas que obstaculizan la transparencia real. La ley ejemplifica un enfoque de "transparencia formal" que exige más reportes sin garantizar un acceso útil a la información, dificultando la rendición de cuentas efectiva. La resistencia legal y política frente a esta norma subraya la necesidad de que la gestión de la información pública se base en evidencia técnica robusta para proteger los derechos fundamentales y fomentar una participación cívica genuina.
Fuente: eldiario.ecPublicado el 2025-09-01
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