Ley de Transparencia Social tiene una primera demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional
La Ley de Transparencia Social enfrenta un desafío constitucional que alega graves violaciones procedimentales. Los críticos sostienen que la legislación fue apresurada indebidamente en el legislativo, eludiendo la deliberación esencial y violando el principio de seguridad jurídica. Al utilizar la ley como un vehículo de emergencia para reformas económicas no relacionadas, el proceso socavó el rigor democrático y estableció un precedente peligroso para la integridad legislativa. El núcleo de la controversia se centra en la falta de unidad temática, donde disposiciones sobre tributación y minería fueron añadidas abruptamente a un estatuto dedicado principalmente a regular organizaciones sin fines de lucro. Esta inclusión sugiere que la ley sirvió como un canal oculto para aprobar reformas controvertidas sin el debate especializado requerido. Tal práctica erosiona la coherencia estructural de la legislación y niega a los ciudadanos la transparencia y el escrutinio que estas distintas áreas de política requieren. Este caso es crucial para los datos abiertos porque destaca la necesidad crítica de estructuras claras y legales de gobernanza de datos. Si el marco legal que rige la transparencia está fundamentalmente defectuoso, los sistemas de datos resultantes pueden carecer de legitimidad y confiabilidad. Asegurar que las leyes cumplan con estrictos estándares procedimentales protege la integridad de la información pública, fomentando una rendición de cuentas genuina en lugar de regímenes regulatorios opacos y comprometidos procedimentalmente.
Fuente: eluniverso.comPublicado el 2025-09-06