Inicia recaudación de datos personales desde operadores

El registro obligatorio de México, que vincula datos biométricos con las líneas móviles, destinado a combatir el fraude y la extorsión, enfrenta una fuerte crítica por parte de expertos jurídicos, quienes argumentan que carece de evidencia sobre su eficacia. Los analistas sostienen que esta amplia recopilación de datos se asemeja más a un control social autoritario que a una herramienta genuina de seguridad, especialmente dada la ausencia de supervisión judicial independiente o de mecanismos robustos de protección de la privacidad en el país. La implementación avanza a pesar de las advertencias de las operadoras de telecomunicaciones y de grupos de la sociedad civil sobre los riesgos de centralizar la información personal. Los expertos destacan que no existe ningún precedente mundial que respalde la eficacia de esta medida para reducir la delincuencia, lo que sugiere que su principal función es la de vigilar a la población. La urgencia por lanzar programas piloto, incluso sin contar con sistemas biométricos completamente desarrollados o con una comisión reguladora funcional, suscita preocupaciones respecto al debido proceso y al Estado de derecho. Este tema es crucial para los defensores de los datos abiertos, ya que ilustra los peligros de la centralización obligatoria de datos sin las salvaguardas adecuadas. Subraya la necesidad de marcos jurídicos transparentes y de supervisión independiente cuando los gobiernos recopilan información personal sensible. El caso sirve como un ejemplo de advertencia sobre cómo las políticas supuestamente diseñadas para la seguridad pública pueden convertirse fácilmente en instrumentos de vigilancia, erosionando los derechos fundamentales a la privacidad y las libertades democráticas.

Fuente: eldiariodechihuahua.mx
Publicado el 2025-10-08

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