En reglamento a Ley de Transparencia Social se advierte a las ONG y fundaciones que no pueden hacer acciones para paralizar la actividad minera legal
Las nuevas regulaciones prohíben a las organizaciones sociales obstaculizar las actividades mineras legales, silenciando efectivamente sus protestas. Esta restricción se extiende a las fuentes de financiación, impidiendo que las ONG utilicen cualquier donación para financiar campañas contra proyectos mineros. Estas medidas tienen como objetivo prevenir la corrupción y el lavado de dinero, pero limitan severamente el papel de la sociedad civil en la supervisión. En relación con los datos abiertos, esto socava la transparencia al restringir el acceso a la información sobre los impactos de la minería. Los grupos de la sociedad civil suelen depender de datos públicos para monitorear la gestión de los recursos y los riesgos ambientales. Al prohibir su participación, el Estado reduce la supervisión independiente y los mecanismos de rendición de cuentas. Este cambio prioriza los intereses industriales sobre la participación cívica, lo que podría llevar a un poder corporativo sin control. Sin prácticas sólidas de datos abiertos, los ciudadanos pierden herramientas vitales para una participación informada y la defensa de sus derechos. Esta medida señala una tendencia más amplia de limitar la supervisión democrática en sectores críticos.
Fuente: eluniverso.comPublicado el 2025-10-30
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