Consumo de electricidad aumentó 10,7%, mucho menos que en 2024 - Economía - ABC Color

Consumo de electricidad aumentó 10,7%, mucho menos que en 2024 - Economía - ABC Color

El artículo destaca una discrepancia significativa en la forma en que ANDE informa el crecimiento de la demanda eléctrica de Paraguay, revelando que, aunque el consumo aumentó considerablemente, la empresa omite datos cruciales sobre las pérdidas en la transmisión para ocultar la situación real. Al centrarse únicamente en las pérdidas de la red de distribución, ANDE subestima el desperdicio total del sistema, engañando a la ciudadanía sobre la eficiencia operativa. Esta selección de datos impide una comprensión completa de los recursos realmente necesarios para satisfacer la demanda nacional, evidenciando una falta de transparencia en la contabilidad pública del sector energético. Las implicaciones sugieren que el aumento reportado en el consumo de energía es, en parte, un artefacto derivado de la forma en que se calculan las pérdidas, más que un crecimiento puramente orgánico de la demanda. Cuando se incluyen las pérdidas por transmisión, la ineficiencia real del sistema se vuelve mucho más evidente, lo que indica que una parte sustancial de la energía generada nunca llega a los consumidores. Esto cuestiona las narrativas oficiales que atribuyen los picos de demanda exclusivamente a factores como la minería de criptomonedas, señalando en cambio problemas sistémicos en la divulgación de datos que afectan las decisiones de política pública y la confianza ciudadana. Este caso es altamente relevante para la iniciativa de datos abiertos, ya que ejemplifica cómo conjuntos de datos incompletos o selectivamente curados pueden distorsionar la comprensión pública de servicios esenciales. La transparencia genuina exige la publicación de métricas integrales que contemplen todas las etapas de la entrega de energía, incluidas las pérdidas técnicas tanto en las redes de transmisión como de distribución. Sin una visibilidad completa de los datos, las partes interesadas no pueden evaluar con precisión el desempeño, gestionar eficientemente los recursos ni exigir rendición de cuentas a las instituciones, lo que socava los principios del compromiso cívico informado y la supervisión democrática.

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