El tribunal confirmó que, si bien las sociedades cooperativas en sí mismas no son autoridades públicas, el Registrador de Sociedades Cooperativas sí ostenta dicha condición conforme a la Ley de Derecho a la Información. Esta distinción es crucial porque faculta al Registrador para actuar como intermediario en materia de transparencia. Aunque las sociedades permanecen como entidades privadas, el Registrador posee el control administrativo y de supervisión necesario para recabar información de ellas, cumpliendo así con el interés público exigido por el marco de la Ley de Derecho a la Información (RTI, por sus siglas en inglés). Una implicación clave es que una autoridad pública puede divulgar información en poder de un organismo privado si cuenta con la potestad legal para acceder a dichos datos. La decisión aclara que la obligación de proporcionar información se extiende más allá de lo que está directamente en posesión de la autoridad, hasta lo que puede obtener legalmente de entidades bajo su jurisdicción. En consecuencia, los solicitantes pueden solicitar información al Registrador respecto a una sociedad, siempre que el Registrador tenga la autoridad estatutaria para exigir a la sociedad que revele dichos detalles. Esta sentencia es relevante para la iniciativa de datos abiertos, pues amplía el alcance de la información accesible al aprovechar las jerarquías regulatorias existentes. Garantiza que los mecanismos de transparencia no se vean obstaculizados por la naturaleza privada de la fuente de datos, siempre que un funcionario público tenga la facultad de supervisión para acceder a ellos. Al exigir a las autoridades que evalúen activamente su capacidad legal para recabar y divulgar esta información, la decisión promueve una mayor rendición de cuentas y disponibilidad de datos dentro del sector cooperativo, alineando los datos de las organizaciones privadas con los objetivos de supervisión pública.
Source: livelaw.inPublished on 2024-07-04
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