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El Decreto 780/2024 vulnera la Ley de Acceso a la Información Pública al introducir excepciones ambiguas que amplían la discrecionalidad burocrática para ocultar datos. Al incorporar sanciones por "mala fe" del solicitante y crear categorías indefinidas de privacidad, el decreto desplaza el principio de buena fe, originariamente dirigido a las autoridades, hacia los ciudadanos. Esta vaguedad permite que la administración pública niegue información bajo pretextos subjetivos, socavando el mandato legal de máxima divulgación. Además, se elimina la ponderación entre el interés público y la privacidad, priorizando la protección de datos personales incluso cuando la transparencia es crucial para la rendición de cuentas. Esto significa que la administración puede retener información sobre beneficios estatales o actos de gobierno sin evaluar si el beneficio social supera el daño al individuo. Al restringir el acceso mediante interpretaciones amplias de daños potenciales, el decreto debilita los mecanismos de control ciudadano y fomenta la opacidad en la gestión estatal, contrario a los estándares democráticos e internacionales. Esta regulación es relevante para open_data porque demuestra cómo la opacidad institucional puede ser legalizada mediante normativas ambiguas, impidiendo el libre flujo de datos públicos. Para que los datos abiertos cumplan su función democrática, deben existir salvaguardas claras contra la discrecionalidad administrativa. La lucha por la transparencia exige leyes que presuman la publicidad de los datos y limiten estrictamente las excepciones, garantizando que la ciudadanía pueda acceder, analizar y utilizar la información gubernamental para exigir responsabilidad y participar activamente en la sociedad.

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Published on 2024-09-05

Datos Abiertos (Open data)

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